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La División de Gobierno Digital entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de Chile, comunicó al país que el Presidente Sebastián Piñera firmó el Decreto con Fuerza de Ley de Gradualidad que dispone los pormenores de la Ley de Transformación Digital
Este instrumento establece la gradualidad de la implementación de la ley promulgada el 11 de noviembre de 2019, para incorporar el soporte y la tramitación electrónica en los procedimientos administrativos del Estado y la gestión documental.
En este sentido, se exponen los plazos diferenciados para las instituciones de Chile en función de sus propias capacidades, presupuesto y madurez tecnológica, en un tiempo máximo de cuatro años para cumplir con las metas dispuestas.
El decreto actualmente reposa en la Contraloría General de la República para su toma de razón, como paso previo jurídico obligatorio para las resoluciones y los decretos con fuerza de ley.
Bajo los pilares Cero Filas, Cero Papel e Identidad Digital, se pretende agilizar gradualmente la digitalización y modernización de los procedimientos administrativos de los órganos públicos.
Los primeros organismos que deberán avanzar en el proceso de transformación digital serán las instituciones de la administración central, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, seguidas por los gobiernos regionales y municipales.
Innovaciones y lapsos establecidos
El decreto recientemente firmado dispone de plazos claros para la implementación de las innovaciones como las comunicaciones oficiales electrónicas, la digitalización de los documentos, la gestión de expedientes electrónicos, el archivo Nacional digital, la firma electrónica avanzada, y la interoperabilidad de las instituciones.
Entre los preceptos establecidos se menciona que las comunicaciones realizadas entre órganos de la administración del Estado deberán ser 100 % electrónicas a finales de 2022.
Para ello el Gobierno Digital, desarrolló e implementó el sistema DocDigital, la plataforma de comunicaciones oficiales del Estado para tramitar en línea los documentos a ser firmados por las distintas autoridades o jefaturas. Actualmente es utilizada por el 65% de las instituciones de la administración central del Estado.
Cero papeles
También se establece el plazo de dos años para el funcionamiento de las notificaciones electrónicas, para que a través de una nueva plataforma digital se faciliten las comunicaciones entre las instituciones y los ciudadanos, y se notifique sobre el estado de los trámites y beneficios, se aclaren dudas y se haga un trato más expedito y personalizado que con el correo electrónico.
El decreto dispone que todos los trámites deberán estar digitalizados a fines del año 2023, para proporcionar un ahorro sustancial y beneficioso para las personas y para el Estado.
Un trámite digital supone ventajas por ser un 75% más rápido y un 90% más barato que uno presencial. Además de tratarse de una iniciativa oportuna ante el contexto actual de pandemia, que ha obligado a tomar medidas de cuarentena y ha limitado de manera general las interacciones con otras personas.
Conforme a las cifras arrojadas por el Registro Nacional de Trámites, a la fecha el 63,5% de los servicios de la administración central del Estado están digitalizados, sin duda un avance substancial con relación a la meta establecida del 80% de digitalización para diciembre de 2021.
Finalmente, se estima que la interoperabilidad de las instituciones se logre de manera definitiva para el último trimestre del 2024, en aras de alcanzar la eficiencia en los servicios públicos del país.